| Desde que se implantó el modelo neoliberal con el fujimorismo
autoritario y corrupto durante la década de 1990, el mundo rural de los Andes
peruanos es visto como una traba para la modernización. En
casi 20 años, la única respuesta para este sector ha sido la aplicación de
programas sociales. Luego de tres años del segundo gobierno de Alan García, podemos
afirmar que esta política no sólo se ha mantenido, sino que se ha profundizado.
El gobierno se ubica así en una posición más conservadora
que los organismos multilaterales, los cuales señalan que es fundamental
promover el sector agrario y la oferta alimentaria para enfrentar el hambre,
reducir la pobreza y generar empleo. El ciego convencimiento presidencial en
los beneficios de la gran inversión le impide ver la importancia que tienen los
productores agrarios –costeños, andinos y amazónicos– para el desarrollo
nacional.
La poca valoración del rol que pueden cumplir las pequeñas unidades
productivas agrarias en la economía nacional se puso de manifiesto durante la
crisis alimentaria que antecedió a la actual crisis económica mundial. El
gobierno no aprovechó el fuerte incremento de los precios de los alimentos para
potenciar a la pequeña y mediana agricultura que se orienta a los mercados
regionales y al nacional. No se tomó ninguna medida para que una parte
significativa de los ingresos adicionales se quedara con estos productores.
Muchos países se preparan hoy para enfrentar los problemas
estructurales que origina el aumento de los precios de los alimentos, así como
los efectos negativos del cambio climático sobre la oferta de los mismos. Mientras
que estos gobiernos señalan como uno de sus objetivos estratégicos la seguridad
alimentaria, en el Perú se recorta el presupuesto para el agro y el medio ambiente.
A los dos programas definidos como estratégicos en el presupuesto del sector
agricultura –sanidad agraria y productividad rural– se les otorgan fondos
absolutamente insuficientes en relación con la importancia que tiene este tema
para la sociedad peruana en su conjunto.
A las instancias más cercanas a los productores, que son los
gobiernos regionales y locales, se les recortan los fondos, lo que bloquea su
posibilidad de promover políticas concertadas en sus jurisdicciones. En cambio,
se prioriza una estrategia centralista y clientelista, para lo cual se refuerza
Agro Rural y se impulsan los denominados núcleos ejecutores. Nos encontramos
con un gobierno que desconoce la importancia del desarrollo rural y la
potencialidad que tiene el fortalecimiento de las instancias subnacionales de
gobierno para abordar el desafío de la seguridad alimentaria.
Esto es particularmente grave si tomamos en consideración la
política de apertura comercial extrema del gobierno que se expresa, por
ejemplo, en los tratados de libre comercio que suscribe con las economías más
fuertes del mundo. El efecto de estas medidas será el deterioro aún mayor de
las condiciones de vida de los productores agrarios orientados al mercado interno.
El “TLC hacia adentro” y las compensaciones prometidas a las organizaciones
agrarias han quedado sepultados bajo la cifras de un presupuesto 2010 profundamente
centralista y de un modelo que niega la posibilidad de implementar políticas
efectivas de promoción y protección de las pequeñas unidades productivas
agrarias, que es justamente donde se concentra la exclusión y la pobreza.
Transcurridos más de tres años del segundo gobierno aprista
es imposible lograr cambios significativos. En ese sentido –y sin dejar de
señalar posiciones y ejercer el legítimo derecho a la protesta–, nos parece de
primera importancia construir desde hoy las condiciones para hacer realidad un nuevo
pacto agrario nacional. Las confrontaciones democráticas de 2010 y 2011 son una
excelente oportunidad para promover un amplio debate de propuestas sobre temas
que nos parecen de primera importancia.
Un punto clave se refiere a las políticas necesarias para
que las pequeñas unidades agropecuarias aporten de manera significativa a la
seguridad alimentaria, elevando su productividad y mejorando los ingresos de
las familias campesinas. Otro tema relevante está relacionado con medidas que propicien
la transformación de la institucionalidad del sector, requisito para estar en
mejores condiciones de enfrentar los desafíos que vivimos y los enormes riesgos
que nos amenazan por el calentamiento global. El rol de los gobiernos
regionales y locales, así como las formas de articulación y colaboración entre
ellos y con el gobierno nacional son aspectos fundamentales a trabajar.
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